En México hay más de 30 legislaciones relacionadas con prohibiciones y otras medidas para limitar el uso de plásticos.

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Actualmente, en la Cámara de Diputados se encuentran en análisis para su aprobación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y la Ley General de Economía Circular, las cuales permitirán homologar la legislación a nivel nacional.

Estas leyes buscan contribuir a reducir los residuos, pero bajo el principio de “un México sin contaminación plástica, no un México sin plásticos”, aseguró José Ramón Ardavín, director de la Comisión de Estudiso del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El especialista confió en que los diputados aprobarán ambas leyes en sus términos, ya que son producto de tres años de trabajo y discusión en el Senado, donde se aprobó en noviembre del año pasado.

“Estas leyes homologan criterios ante la dispersión legislativa estatal. Tenemos cerca de 30 leyes, sobre todo de corte prohibicionista, tienen diferentes criterios, diferentes definiciones. Esto evidentemente no ayuda a que pueda avanzar en el país la mejora de la gestión de residuos”, afirmó.

La LGPGIR se enfoca en resolver el problema de fondo que es el manejo integral de los residuos, desde su separación en la fuente hasta su aprovechamiento. Además, fija metas claras y responsables en toda la cadena de valor, incluyendo sociedad, gobierno y empresas.

Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Cespedes reveló que en el país se tiene una tasa de 15% de separación de residuos, lo cual es muy bajo. Al no hacer una correcta separación desde la fuente de origen, es imposible el aprovechamiento de los residuos.

Esta ley también aborda el tema de la infraestructura y establecer incentivos fiscales para su creación, operación y mantenimiento. Todo con la colaboración de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, se establecen nuevas definiciones como el de la responsabilidad extendida que es un concepto importante y muy complejo. Al respecto, se reconoce a los residuos plásticos sujetos a un plan de manejo, con metas específicas de recuperación y contenido de material reciclado, en concordancia con los principios de la economía circular y la responsabilidad compartida.

La ley también contiene la definición de plásticos de un solo uso, ya que en las diferentes leyes locales en el país hay diferentes definiciones. La LGPGIR los define como aquellos plásticos, incluyendo envases y empaques, que están diseñados para ser usados una sola vez y que no están sujetos a un plan de manejo obligatorio, que no son reutilizables, reciclables, compostables ni susceptibles de valorización u aprovechamiento.

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Entre las metas que traza la ley está la eliminación de este tipo de plásticos para 2025, y establece para ese año una meta de 20% de contenido de material reciclado envases y empaques. El objetivo a nivel mundial es de 10%.

Para 2030, se prevé incrementar ese porcentaje de material reciclado a 30% en todos los plásticos que se produzcan, salvo los de uso médico y otros que así lo requieran. Respecto del acopio, la meta para 2025 es llegar a 70% de PET y 30% para el resto de los plásticos, para 2030, se espera llegar a 80% en PET y 48% de los demás.

“Las metas son bastante ambiciosas, requieren mucho trabajo en la cadena de valor, no es un tema de las empresas nada más, es un tema de la cadena de valor. Desde el consumidor, que lo separe adecuadamente, pero en todo el país, lo cual es un tema muy importante. Y esto nos podrá ayudar a avanzar en esas metas”, consideró José Ramón Ardavín.

Ley de economía circular

Ley General de Economía Circular no es una ley en sí, ya que es un tema complejo y no sólo en México sino a nivel mundial se remiten a estándares y lineamientos más que a leyes.

El especialista explicó que esta ley que se aprobó en el Senado y ahora está como minuta en la Cámara de Diputados es un texto general que promueve y fomenta la economía circular. Lo destacable es que no es sobreregulatoria y es flexible, lo que evitará que se obstaculice las inversiones en mejora de procesos o rediseño de productos y hacer una economía de escala entorno a esto.

“Si no hay una buena economía de escala el proceso simplemente no es rentable, no es viable desde el punto de vista económico (…) Y para que esto suceda se requiere de un contexto regulatorio armonizado, y favorable ala inversión, exigente ambicioso, pero que permita la inversión, de lo contrario no se puede avanzar en estos tema”, dijo Ardavín.

Las minutas de ambas leyes se aprobaron en el Senado en noviembre de 2021 y pasaron a la Cámara de Diputados y se espera que sean discutidas, y en su caso aprobadas en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre y concluye en diciembre.

José Ramón Ardavín habló de este tema en el marco del 8º Foro de Recicladores, organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) y realizado el 11 y 12 de mayo pasado.